El día de ayer 12 de junio de 2011 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al analizar la Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso del luchador social Rosendo Radilla, determinó que los elementos castrenses que cometan un delito en agravio de civiles deberán ser juzgados en tribunales ordinarios y no bajo el fuero militar.
Reconociendo la trascendencia de dicha determinación diversas Organizaciones defensoras de derechos humanos afirman a través del presente comunicado que a partir de la resolución de la SCJN, el Poder Judicial deberá asegurar que aquellos casos donde estén implicados militares como probables responsables de delitos que constituyan violaciones a derechos humanos sean remitidos al fuero Federal, tal como el Caso de Inés Fernández Ortega, el Caso de Valentina Rosendo Cantú, y el de los Campesinos Ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, los cuales también fueron resueltos por la Corte Interamericana en agosto de 2010.
Ante esta determinación, las organizaciones llaman a que el sentido y el alcance de lo determinado en el Máximo Tribunal, siente las bases para que el Ejército y la Marina, hoy desplegadas por todo el territorio nacional en tareas que les son ajenas, rindan cuentas. Asimismo urgen a que considerando lo resuelto por la SCJN en el próximo periodo de sesiones el Congreso de la Unión dictamine las diversas iniciativas presentadas que tienen el objetivo de reformar el Código de Justicia Militar atendiendo la resolución de la Suprema Corte, las Sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las diversas recomendaciones emitidas por Organismos internacionales.
De igual forma, ante el comunicado conjunto emitido el día 12 de julio de 2011 por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) las organizaciones externan su preocupación ante el intento de minimizar la determinación alcanzada por la SCJN, al calificar como criterio orientador dicha determinación, reiterando que en lo tocante al deber de restringir el fuero militar, lo resuelto por la SCJN es obligatorio, como ya lo eran las sentencias de la Corte Interamericana.
Adjunto encontrarán:
El Comunicado conjunto firmado por el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (PRODH), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), FUNDAR Centro de Análisis e Investigación A.C., el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”.
Y aquí el Comunicado conjunto emitido por SEGOB, SEDENA y SEMAR.
Para mayor información y/o gestión de entrevistas:
Román Hernández
Área de Comunicación CDHM Tlachinollan
Teléfonos: +52 (757) 476 12 20) · (757) 476 37 04
Celular: (045) 757 106 60 95
cdhm@tlachinollan.org · tlachinollan.difusion@gmail.com
www.tlachinollan.org
Quetzalcoatl g. Fontanot
Área de comunicación y análisis del Centro Prodh
Teléfonos: +52 (55) 5546 8217, ext. 110; 5546 6559 (directo);
Celular: 55 44 99 45 36
comunicacion@centroprodh.org.mx
Sergio Leñero
Área de Comunicación Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Teléfono: +52 (55) 55 64 25 82 ext. 111
