jueves, 8 de diciembre de 2011

¿Cacería de activistas?

El secuestro y posterior asesinato del líder comunero Trinidad de la Cruz –ocurridos entre el martes y ayer en localidades de la costa michoacana–, así como el levantón –en el trayecto de Petatlán a Tecpan de Galeana, en el estado de Guerrero– de los activistas campesinos Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz, todos ellos integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), son los eslabones más recientes de una cadena de agresiones en contra de activistas de esa organización. Apenas el pasado 6 de octubre, en Santa María Ostula, Michoacán, fue asesinado a tiros el comunero Pedro Leyva Domínguez, quien se desempeñaba como integrante de la Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales y de la Guardia Comunitaria, y como representante del MPJD en ese municipio michoacano. Menos de dos meses después, el 28 de noviembre pasado, Nepomuceno Moreno Núñez fue abatido en Hermosillo, Sonora, tras haber recibido amenazas anónimas por parte de presuntos policías estatales.

La lista, sin embargo, no se circunscribe a integrantes del citado movimiento: hace casi dos años –en enero de 2010– fue asesinada la activista juarense Josefina Reyes, quien desde 2008 emprendió movilizaciones por la desaparición de uno de sus hijos, y el hecho marcó el inicio de una cadena de agresiones contra varios miembros de su familia. En diciembre de ese mismo año, Marisela Escobedo, madre de una joven asesinada, fue ultimada de un balazo frente al palacio de gobierno de Chihuahua. Y apenas el viernes pasado, Norma Andrade, dirigente de la organización humanitaria Nuestras Hijas de Regreso a Casa, fue herida de gravedad a las afueras de su domicilio.

Este cúmulo de asesinatos y ataques, en conjunto con la falta de capacidad de las autoridades para esclarecerlos y sancionarlos, hacen inevitable sospechar que, con el telón de fondo de la violencia desatada a raíz de la "guerra contra el narcotráfico", el país asiste a una cacería de activistas sociales, de defensores de derechos humanos y de ciudadanos que han decidido alzar la voz y reclamar justicia. Es difícil concebir que todas las agresiones referidas sean producto del azar; por el contrario, pareciera que conllevan un mensaje ominoso dirigido a los sectores de la sociedad que se han movilizado por la pacificación del país y la justicia para las víctimas y sus deudos, que han criticado la estrategia de seguridad en curso y que hoy, con la muerte de algunos de sus integrantes, ven confirmadas sus advertencias en forma particularmente trágica.

Ante el quebranto generalizado del estado de derecho que tiene lugar en amplias franjas del territorio, y frente a los indicios de lo que pudiera ser una campaña de eliminación de activistas, luchadores sociales, integrantes de comunidades indígenas, defensores de derechos humanos y ambientalistas, los gobiernos de los distintos niveles, empezando por el federal, no pueden mantenerse en la línea argumentativa de que la estrategia actual de combate al crimen organizado es la adecuada y que no debe, por tanto, ser modificada: la continuidad en las agresiones comentadas exhibe el carácter contraproducente de la política de seguridad en curso. Se ha puesto en evidencia que las autoridades no son capaces de dar protección, cuando menos, a aquellos sectores de la sociedad a los que han erigido como sus propios interlocutores.

En lo inmediato, es responsabilidad insoslayable de los gobiernos estatales y federal investigar las muertes y agresiones referidas. En caso contrario, cobrará fuerza la percepción pública de que dos de los saldos nefastos de la actual estrategia de seguridad pública –además de los más de 50 mil muertos y de una creciente descomposición institucional– son la ampliación de los márgenes de maniobra para la eliminación de activistas políticos y sociales, y el retroceso del país a escenarios de masivas violaciones a los derechos humanos.

Secuestrados Eva Alarcón y Marcial Bautista, defensores de derechos ambientales, Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán.

por pozol colectivo


Ayer mismo, el Movimiento por la Paz denunció que, en Guerrero, dos de sus integrantes fueron secuestrados por desconocidos que los obligaron a descender del camión de pasajeros en el que viajaban con rumbo a Chilpancingo, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su paradero.

Los activistas secuestrados son Eva Alarcón y Marcial Bautista, defensores de derechos ambientales que forman parte de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán.

El plagio de los ecologistas, quienes participaron en el primer diálogo del MPJD con el presidente Felipe Calderón, fue perpetrado alrededor de las 23:00 horas del martes.

http://www.animalpolitico.com/2011/12/ellos-mataron-al-activista-del-movimiento-por-la-paz/

CONFERENCIA

Hallan cadáver del activista Trinidad de la Cruz asesinado por paramilitares


El líder comunero de Ostula, Michoacán, Trinidad de la Cruz, fue asesinado después de que la caravana por la Paz que encabeza Pietro Ameglio, fue abandonada por un convoy de la Policía Federal y quedó a merced de los asesinos.

En conferencia de prensa, hace una hora, Ameglio aseguró haber escuchado cómo los paramilitares torturaban y acuchillaban a Don Trino.

Además, denunció que los paramilitares se apoderaron de los teléfonos celulares de todos los integrantes de la caravana, por lo que ahora gran parte del banco de datos del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad “está en poder de fuerzas del crimen organizado que aparentemente tienen vínculos con los gobierno de Michoacán y federal”, sostiene.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que esta tarde localizó el cadáver de Trinidad de la Cruz Crisóforo en un paraje del municipio de Coahuayana, y confirmó que el jefe de la encargatura de Xalakayan fue secuestrado 24 horas antes por un grupo armado.

La fiscalía michoacana no ha precisado la causa del deceso ni tampoco informó si ha detenido a algún probable responsable del asesinato. Se espera que en las próximas horas la dependencia emitirá un comunicado de prensa en el que ofrecerá más detalles.

El líder comunero, de 73 años de edad, fue privado de su libertad la tarde del martes en la carretera costera, entre la cabecera de Santa María Ostula y el poblado de Xakalayan, a donde pretendía regresar con la cobertura que suponía el acompañamiento de una comitiva del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que había programado una asamblea en la comunidad indígena.

El pasado 28 de noviembre, en una reunión con representantes de la Marina, la Policía Federal y el gobierno michoacano que encabeza Leonel Godoy, don Trino logró que esas dependencias se comprometieran a proteger a la caravana del Movimiento por la Paz que ayer salió de Guadalajara para dirigirse a la comunidad de Ostula, en la costa de Michoacán.

Cuando la caravana llegó a Ostula, el convoy de la Policía Federal se fue y minutos después llegaron los paramilitares, encabezados por Margarita Pérez, La Usurpadora, y secuestraron a todos los caravaneros y a don Trino.

El gobierno federal y el michoacano nunca les brindaron protección.

Fuente: La Jornada

Entre el silencio y la criminalización

RECHAZA SOCIEDAD CIVIL PERSECUCIÓN PENAL CONTRA PERIODISTAS COMUNITARIOS.
Diciembre 7, 2011
• Uso abusivo del derecho penal para acallar voces, violenta la libre de expresión por parte de las autoridades.
• Personas y organizaciones a nivel nacional e internacional externan su preocupación por la falta de un marco normativo adecuado que reconozca a la radiodifusión comunitaria.

México, D.F., a 7 de diciembre de 2011.- El pasado 1ro. de diciembre fue detenido, Juan José Hernández, Director de Radio Diversidad, emisora comunitaria ubicada en el estado de Veracruz. El comunicador fue encarcelado en cumplimiento a la sentencia a dos años de prisión emitida por el Juzgado Décimo Sexto de Distrito de ese Estado.
Dicha sentencia se desprende del proceso penal iniciado en su contra por transmitir sin permiso, motivo por el cual el 11 de marzo de 2009 agentes de la Procuraduría General de la República y la Comisión Federal de Telecomunicaciones iniciaron un operativo en contra de Radio Diversidad, decomisando el equipo transmisor y diversos enseres que había en las instalaciones, así mismo interpusieron una denuncia penal contra Juan José Hernández y los periodistas José Maza y Paola Ochoa fueron llamados a comparecer en calidad de testigos para posteriormente ser señalados como probables responsables e iniciarles a un proceso penal.

Lo anterior se suma a la sentencia iniciada contra Héctor Camero, Director de Radio Tierra y Libertad en el Estado de Nuevo León, quién igualmente es acusado de usar, aprovechar y explotar un bien propiedad de la Nación sin permiso o concesión del Estado, según lo establecido en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales.
El uso de esta legislación penal resulta contrario al corpus normativo en materia de protección de la libertad de expresión, ya que existe un procedimiento administrativo en ley, menos lesivo y que permite sancionar a quienes usan frecuencias sin permiso. La imposición de medidas desproporcionadas puede tener un efecto silenciador incompatible con una sociedad democrática[1]
En la misión oficial que realizaron los relatores para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas han urgido al Estado Mexicano para que adecúe la legislación y las radios comunitarias puedan regular su funcionamiento, de lo contrario se les sentencia a silenciar a las voces de las comunidades o exponer a la criminalización a los periodistas comunitarios.

La labor de los medios sociales, como las radios comunitarias, resulta en un canal idóneo para que las voces menos favorecidas tengan acceso a la información acorde a sus necesidades y sobre todo un vehículo para ejercer su libre expresión. Emisoras como Radio Diversidad tocan temas de derechos humanos, medio ambiente, derechos sexuales y reproductivos, satisfaciendo una necesidad que difícilmente pueden cubrir los grandes medios nacionales.
Por lo anterior, los abajo firmantes hacemos un llamado al Estado Mexicano para que se abstenga de criminalizar la labor que realizan las radios comunitarias, concretamente, que se cancelen los cierres por vía penal de las emisoras que operan sin permiso y se cree un marco normativo adecuado con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y Derechos Humanos.

Firmas:
Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos AC. (ACUDDEH), ARTICLE 19, Asociación de Radios Comunitarias de Nicaragua (AMARC-Nicaragua), Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), Associação Mundial de Rádios Comunitárias do Brasil (AMARC-Brasil), Association Mondiale des Radiodiffuseurs Communautaires de Haïti (AMEKA/AMARC-Haití), Casa del Migrante de Saltillo, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Colectivo Radio Nahndia, Colectivo Expresión Alternativa, Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), Comité Cerezo México, Comité de Radio Ñomndaa-La Palabra del Agua, Comunicación Comunitaria, Comunicadores del Desierto, A.C., Ecos de Manantlan A.C., EMA RTV( Andalucía, España), Evolución Radio, FM ALAS (Argentina), Jen Poj Radio, La Voladora Radio, Observatorio Mexicano de Derechos Humanos, Proyecto Radiofónico Comunicación y Cultura de Ahualulco de Mercado, Radio Lora (Zürich, Schweiz), Radio Segovia (Ocotal, Nicaragua), Radio Tierra (Santiago de Chile), Radio Tierra y Libertad, Radio Uandarhi, Radio ViVa (Asunción-Paraguay), Salud Integral para la Mujer (SIPAM), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”, conformada por 75 organizaciones en 22 estados de la República: Agenda LGBT (DF), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (DF); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo”, A.C. (Jacala, Hgo.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (DF); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (DF); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (DF); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C. (Tlaxiaco, Oax.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez), Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Monterrey, N.L.); Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo, A. C. (Tehuantepec, Oax); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Zac. Zacatecas); Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (Reynosa, Tamps.); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (DF), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); CADHAC (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (DF); Comisión de Derechos Humanos “La Voz de los sin voz” (Coyuca de Benítez, Gro.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional “Justicia, Paz y Vida” (DF); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (DF); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sembrador de la Esperanza”. A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (DF); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (DF), Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (DF); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ-México) (Comalcalco, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (DF).
Alejandra Ezeta, Daniel Iván, Marco Lara Klahr, Luis Miguel Carriedo, Patricio Rivera Moya.

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